Rosa Valdés, diputada del PRC.

Redacción. Santander

El PRC calcula que en el segundo semestre del año se perderán en Cantabria unos mil empleos en el sector de la dependencia, que se unirán a las 500 que se quedaron en el paro entre enero y junio, y alerta de que habrá cierres de empresas dedicadas a esta actividad, por la “cadena de recortes” del Gobierno de España y del regional. La diputada regionalista Rosa Valdés ha advertido de que estos recortes que, según ha explicado, comenzaron en enero y han dado el “último varapalo” con el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio, han dejado un panorama que, a su juicio, se presenta “desolador”.

Según ha señalado Valdés, la dependencia ha sido durante cinco años un sector “emergente” y creador de empleo “de calidad”, una tendencia que, según ha dicho, está empezando a cambiar e, incluso, a invertirse. Por ello, el grupo parlamentario regionalista presentará en el Pleno del próximo lunes, el primero del nuevo curso político, una proposición no de ley de rechazo a los recortes que desde el Gobierno de España y de Cantabria se están aplicando al desarrollo de la Ley de la Atención de la Dependencia y la Autonomía Personal que, en su opinión, “atacan de manera sustancial su sostenimiento y desarrollo futuro”, así como a los “ataques indiscriminados” del PP al sistema de protección social reduciendo el gasto y la inversión dirigida a la atención a la dependencia, la discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social.

Valdés ha señalado que Cantabria, que hasta ahora era una de las comunidades autónomas que “mejor” estaba desarrollando la Ley de Promoción de Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, es una de las más afectadas por los recortes que, en esta materia, se están aplicando desde el Estado y el Gobierno regional.

En la iniciativa parlamentaria presentada, se insta al Gobierno a “priorizar el gasto y la inversión” dirigida a promover la vida autónoma y la atención a la dependencia y a cumplir el programa electoral que el PP presentó en Cantabria en materia de bienestar social. Además de Diego, la diputada del PRC ha responsabilizado de la situación de la dependencia en Cantabria a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien, en su opinión, “se pliega con total mansedumbre” a los mandados del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, al que ha acusado de querer “reducir hasta la extenuación” y “desmantelar” el sistema por “inanición”.